Argentina y Brasil comenzaron gestiones para construir una represa sobre el Río Uruguay. Surgen dudas en torno a los efectos ambientales de este mega-proyecto.
Argentina y Brasil reflotaron, a fines de marzo de este año, un convenio de intercambio energético suscrito en 2004, para avanzar con la construcción de una nueva represa sobre el río Uruguay. Se trata del proyecto Garabí, que demandará una inversión de 2.500 millones de dólares e incluye otros acuerdos en materia de cooperación energética.
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Uno de los puntos del tratado especifica que Brasil envíe durante el próximo invierno hasta 2100 megavatios (MW) diarios de energía eléctrica a Argentina, un volumen superior al de años anteriores. Asimismo, establece que Argentina devolverá entre el principio y el final de la primavera parte de la electricidad importada. La energía termoeléctrica que finalmente se utilice será abonada a precio de mercado.
El convenio se basa en las ventajas estructurales de Brasil en esta materia. Tal como consignaba APM en un artículo publicado el año pasado, “la mayor economía sudamericana tiene una matriz energética que está alimentada en un 70 por ciento por centrales hidráulicas y centrales térmicas”. (Ver “Solidaridad energética para la coyuntura”. APM 02/03/08)
El acuerdo fue firmado en Brasilia por el ministro de Planificación argentino, Julio De Vido, y su par de Minas y Energía de Brasil, Edison Lobao. En esa oportunidad, De Vido manifestó que "lo de Garabí es de extrema importancia porque implica el primer emprendimiento entre Argentina y Brasil en materia hidroeléctrica. Esto nos permitirá establecer cuál de los cuatro emplazamientos previstos es más adecuado y estimamos que para el segundo semestre de este año estaremos en condiciones de avanzar con la ingeniería conceptual, para el estudio de viabilidad".
El futuro complejo hidroeléctrico de Garabí se ubica en el triple límite entre las provincias argentinas de Misiones, Corrientes y el estado brasilero de Rio Grande do Sul.
El docente de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Sergio Cangiani, apuntó que los antecedentes del proyecto se remontan a 1972. En ese entonces se firmó el primer convenio para estudiar el aprovechamiento del tramo del río compartido -de 735 kilómetros de longitud- desde la desembocadura del Pepirí Guazú hasta la del Quareim.
El primer estudio de factibilidad indicaba que la central tendría una potencia instalada de 2.900 megavatios, con un embalse que inundaría 81.000 hectáreas en ambas márgenes. Como varios pueblos misioneros podrían ser afectados, se oyeron críticas debido al fuerte impacto ambiental y las posibles consecuencias sociales correspondientes.
En el año 2003 la consultora Cenec-Denison presentó el denominado proyecto Garabí XXI, modificatorio del anterior. En éste se contemplaban dos diques sobre el Río Uruguay (en Garruchos, Corrientes, y en San Javier, Misiones) con la misma altura de 19 metros de caída, 18 turbinas tipo Kaplan con una potencia de 2.800 megavatios y la reducción de 32.000 hectáreas que serían anegadas por el embalse.
Para Elisángela Soldatelli Paim, coordinadora de proyectos del Núcleo Amigos de la Tierra Brasil, “algunos impactos que la obra generará son irreversibles, como la alteración del microclima, la pérdida de biodiversidad y la proliferación de mosquitos y parásitos, aumentando de manera alarmante las enfermedades y los conflictos sociales, entre otros problemas”, según declaró a la agencia RENA.
Ese proyecto hidroeléctrico no es el único sobre el río Uruguay. “En los últimos años se construyeron en Brasil cuatro importantes represas que ya están funcionando: Itá, Machadinho, Passo Fundo y Barra Grande. Otras están en distintas etapas de ejecución: Campos Novos, Chapecó y Quebra Queixo. Mientras quince más se están planificando: San José, San Juan, Itapiranga, Pai Queré, Monjolinho, San Roque, Garibaldi, Chapecozinho, Santo Domingo, Pery, Nova Erechim y Passo da Cadeia, y las binacionales Garabí, Roncador y San Pedro”, describió Jorge Cappato, director de la Fundación PROTEGER.
El uso sostenible de la energía
Desde los últimos diez años, la represa de Garabí, al igual que otros proyectos en materia de infraestructura y energía, se enmarcan en la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). En ese marco se incluye la construcción de 10 ejes de grandes obras que abarcan carreteras, represas, gasoductos e hidrovías a lo largo y ancho de América del Sur.
El IIRSA fue acordado en la reunión de presidentes de América del Sur realizada en Brasilia en el año 2000. La financiación de las obras corre por cuenta de instituciones financieras multilaterales entre las que se encuentra el Banco Interamericano de Desarrollo u organismos nacionales como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y varias entidades asociadas del sector privado.
En una carta enviada a mediados de 2008 al presidente del BID, Luis Alberto Moreno, organizaciones de América Latina y Estados Unidos expresaron la necesidad de debatir la iniciativa.
El punto de conflicto estaba generado por la visión de las Evaluaciones Ambientales Estratégica (EAE) propuestas por el organismo para la evaluación de las obras. “Dichas evaluaciones ambientales han sido propuestas como medidas de mitigación de los impactos sociales y ambientales de estos mega-proyectos, cuando en realidad deberían ser herramientas fundamentales que incorporen aspectos sociales y ambientales a las políticas, planes y programas, definiendo previamente la necesidad o no de estos proyectos de gran magnitud” , expresaron en la carta.
Para el especialista en temas energéticos del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), Gerardo Honty, “es urgente pensar en otro tipo de inversiones volcadas a potenciar programas de eficiencia y conservación energética. Si bien casi todos los países tienen algún programa de este tipo, su número y cobertura todavía es modesta. Pero dejan en claro sus grandes potencialidades en reducir el consumo energético y en muchos casos aminorar sus efectos ambientales, así como en lograr beneficios económicos. En Brasil, por ejemplo, el programa PROCEL nacido en el año 1986, ha invertido hasta el año 2005 aproximadamente 461 millones de dólares, logrando un ahorro de electricidad de 21,753 gigawatios anuales, lo cual significó beneficios por 8.027 millones de dólares”.
A su vez, la Organización Latinoamericana de Energía estima que el continente podría ahorrar 156 mil millones de dólares en los próximos 15 años si invirtiera en eficiencia energética.
Los programas de uso racional quizá no sirvan de mucho si no se complementan con políticas estructurales que prevean la generación de energías renovables en la región en proyectos a pequeña y mediana escala que permitan la participación de las comunidades donde se llevan a cabo.
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